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Foto: https://www.scjn.gob.mx/pleno

Este primero de septiembre entraron en funciones las personas que integrarán el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proceso de reforma constitucional, campañas y elecciones fue especialmente complejo; más que un producto del consenso se proyectó como una imposición del partido mayoritario. Las propuestas de reforma que se aprobaron no tomaron en cuenta otras voces; se aprobaron sin una apertura al diálogo, ya no con los partidos de oposición sino con la sociedad civil misma. El proceso fue desgastante para quienes integramos las organizaciones y colectivas en el ámbito de los derechos humanos. A pesar de todos los esfuerzos sólo pudimos ser expectantes. Esas dinámicas en las tomas de decisión contrastan con el discurso democrático y de inclusión que ostentan quienes hoy ocupan los espacios de poder.

Lo que vino después a la aprobación de la reforma sólo hizo que en una parte de la sociedad civil creciera una sensación de abandono. Sentimos que la Corte, la institución que podía defendernos de las imposiciones mayoritarias nos dejó a nuestra suerte; no pudo articular una estrategia para hacer frente a la amenaza, sólo vimos la resignación como respuesta. Para quienes estamos acostumbrados a resistir fue inevitable pensar que la Corte pudo haber hecho más, que pudo haber resistido más desde la legitimidad constitucional que había construido con el tiempo. Ahora no queda más que asumirla la implementación; sin embargo, es importante expresar con claridad esa sensación de abandono que por ratos nos hacía caer en la desesperanza.

A quienes nos opusimos a esa manera de hacer las reformas constitucionales se nos denostó cuando no se nos ignoró. Desde quienes impulsaron la reforma se nos reprochaba ¿por qué buscar la continuidad de una institución que no había cumplido con su objetivo de acercar la justicia?, pero resulta que ese no era el punto que defendíamos. Lo que siempre insistimos fue que los cambios que se requerían para un mejor acceso a la justicia no fueron incluidos en las propuestas. Basta señalar que no se contempló ningún cambio para las Fiscalías como si esa institución no fuera parte primordial del proceso de administración de justicia.

Nuestra preocupación vino -y viene- del riesgo de que se desmantele todo lo que la SCJN saliente construyó, de la mano de la sociedad civil, en materia de derechos humanos. La corte saliente, llamada neoliberal por quienes impulsaron la reforma, fue pieza primordial para avanzar en el reconocimiento de derechos que el sistema político se resistía en proteger. Contrario a lo que se ha difundido, encontramos en esa Corte las sentencias que han impactado de forma trascendental en la vida de las personas: reconocimiento de la identidad de las personas trans, matrimonio igualitario, reconocimiento de comaternidad, divorcio incausado, estándares de investigación con perspectiva de género, derechos ambientales, derecho a la salud, inconstitucionalidad de la figura de la interdicción, uso lúdico de la mariguana, derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros. De estas sentencias paradigmáticas no se habló cuando se propuso y aprobó la reforma.

La historia de la defensa de los derechos humanos nos ha enseñado que las decisiones tomadas por mayoría no llevan implícita, por ese solo hecho, una vocación democrática. Además, la literatura constitucional también muestra que los cambios en la estructura constitucional deben, para abonar a una sociedad democrática con vocación de permanencia, ser resultado del diálogo y el consenso. Nuestras voces no estuvieron en esa toma de decisión sobre la reconfiguración de una institución clave para la defensa de nuestros derechos. En estos ejercicios el consenso no es sólo entre personas legisladoras; la representación electoral no elimina la necesidad de diálogos abiertos con la sociedad. Los rituales organizados en torno a la toma de protesta de la nueva integración no subsana ese vació, ni la falta de consenso.

Ahora bien, el reconocimiento al trabajo de la Corte saliente no es una defensa a ultranza de sus sentencias. La institución también decidió no escuchar la exigencia de cambios para mejorar el acceso a la justicia. Desde hace años se alertó de la falta de conexión entre las personas juzgadoras y las personas que acuden todos los días en búsqueda de justicia. Para cuando reconocieron la importancia de estos temas fue demasiado tarde para contener la reforma constitucional. También preocupa que aún hoy, que la reforma se está implementando, tampoco escuchamos demasiadas voces autocríticas de lo que se pudo haber hecho mejor desde dentro del Poder Judicial de la Federación. Es como si de un lado y de otro existiera esta resistencia a escuchar a la sociedad del día a día. En medio de esa sordera quedamos quienes acudimos todos los días a los tribunales en busca de justicia.

A pesar de todo esto, también se requiere objetividad en el análisis de lo que viene. La manera en que se aprobó la reforma constitucional y se llevaron a cabo las elecciones judiciales no se traduce necesariamente en escenarios catastróficos, no es el derrumbe inmediato de todo lo que construimos. Lo que prevalece por ahora es la incertidumbre de no saber qué viene. Nos preocupa que esta coyuntura sea aprovechada por los grupos antiderechos para impulsar retrocesos legislativos o jurisdiccionales. Sin embargo, sin negar las posibles amenazas, también debemos ser capaces de reconocer todo lo que hemos construido en las dos últimas décadas. Quienes llegan tampoco asumen el cargo con una hoja en blanco por delante. Todo cambio de ruta en la interpretación constitucional debe ser justificada.

Los resultados de la elección sólo mostraron, con todo y las críticas por los acordeones,  quiénes recibieron más votos pero eso no determina que las personas electas necesariamente tomen buenas decisiones al redactar los proyectos de sentencia o al votar los proyectos de sus pares. La legitimidad electoral no es lo mismo que la legitimidad de una decisión judicial. La legitimidad en el ámbito del derecho se construye primordialmente a través de argumentaciones sólidas y sobre todo cuando se construye a partir del respeto a los derechos humanos. En ese ámbito la Corte saliente tuvo buenos resultados, veremos si la nueva integración es consistente con esa protección.

En otras palabras, a partir de ahora la SCJN que inicia – vista como institución – y cada una de las personas que integran el Pleno construirán -o destruirán- su legitimidad a través de sus sentencias y de la evaluación que de ellas hagamos en la sociedad. Las preguntas constitucionales que acerquemos al Poder Judicial de la Federación, no sólo a la SCJN, darán espacio para ese ejercicio de legitimación o deslegitimación. Desde esta perspectiva, la sociedad civil también tenemos cosas que decir y aportar para la construcción de esta nueva época judicial. Nos toca alzar la voz, no sólo desde la opinión pública, sino también desde el trabajo de litigio que hacemos todos los días. Debemos dejar atrás el sentimiento de abandono para reconocer lo que hemos aprendido en estos años de trabajo con, y a veces contra, el Poder Judicial Federal: nuestra fuerza resurge cuando nos organizamos, las instituciones se crean y se destruyen pero eso nunca ha apagado las voces de quienes reclamamos justicia.